Reconocimiento constitucional del derecho a la participación como un derecho humano.

Antecedentes

La participación es esencial para la democracia

Una de las características señaladas como distintiva de las democracias en Chile, es el vaciamiento de sus capacidades para recoger y procesar las demandas sociales, impulsadas por sectores que se sienten afectados por las políticas públicas de corte neoliberal que forman parte del sentido común político dominante.
Estas políticas públicas, o bien aminoran o simplemente profundizan un modelo que provoca segregación y empobrecimiento de sectores con menor capacidad de lograr mecanismos de contención del daño. La implementación de este modelo ha conllevado a un debilitamiento del Estado y, por ende, de su capacidad de satisfacer las demandas de la sociedad.

En este escenario, la participación ha jugado un doble rol. Por un lado es un mecanismo de contención y válvula de escape del malestar social y, por otro, la posibilidad de ser acción directa de la sociedad civil organizada en subsidio de la incapacidad del Estado. Sin embargo, la participación es, a la vez, un derecho humano y un principio transversal del conjunto de esos derechos.

En el caso chileno, este diagnóstico se agrava por la gran caída de la participación electoral, largamente superior a lo que acontece en la mayoría de las democracias occidentales y en sentido contrario del incremento registrado en la mayoría de los países latinoamericanos. En este contexto, de pérdida de confianza en las instituciones y los actores políticos, de creciente des-legitimación y fuerte desapego con la participación electoral, Chile se enfrenta a la disyuntiva de convertir la participación en un elemento que permita transitar desde una democracia de baja intensidad hacia una democracia participativa.

Este desafío tiene un conjunto de requerimientos, dentro de los cuales destacan a lo menos tres:

1. Concreción de la promesa de una Nueva Constitución para Chile, donde destaque el reconocimiento constitucional del derecho a la participación como un derecho humano.
El reconocimiento constitucional tiene el valor de colocar la participación dentro del pacto social constitutivo de la sociedad, lo que permitiría el desarrollo de una cultura participativa en coherencia con el marco político-jurídico de la sociedad.

2. Implementación de mecanismos institucionales claros y eficaces de participación, unida al fortalecimiento de la asociatividad a nivel local.

3. Implementar un abanico de políticas públicas de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (asociatividad) dotándolas de capacidad real para convocar a la ciudadanía a la participación.

Estos tres elementos, en una construcción interdependiente, pueden constituir un programa de trabajo para la sociedad civil, en su lucha constante de fortalecimiento y profundización de la democracia.

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